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NUEVO CONFLICTO CON LAS CLASES DE RELIGIÓN

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La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga a restituir a una profesora de religión a su puesto docente y a pagarle los salarios no devengados, que pueden alcanzar la suma de 200.000 euros. La profesora Resurrección Galera impartió clases de religión en Almería durante siete años sin que hubiera quejas por su actividad docente. Fue despedida en 2001 por haber contraído matrimonio con un divorciado, sin que tampoco se aludiera a ningún defecto en su labor docente.

La actual sentencia, tras varias anteriores que refrendaban el derecho del episcopado a no renovar la docencia, obliga al Estado Español, y no a la iglesia de Almería, a pagar las indemnizaciones prescritas. Por su parte, la diócesis de Almería ha anunciado que va a apelar a la Corte de derechos humanos de Estrasburgo, argumentando que "dar clase de religión católica no es un derecho que alguien pueda apropiarse al margen de la Iglesia".

Más allá de los problemas jurídicos, en principio ya decididos por el Tribunal Superior, hay un problema de fondo en su origen: los acuerdos de Iglesia y Estado de 1979 y las atribuciones que se conceden en materia de educación. Es la jerarquía eclesiástica la que decide quiénes son los profesores de religión, pero es el Estado el que paga los sueldos y, en su caso, los despidos.

Los profesores son renovados cada año, sin que puedan aludir derechos consolidados ni continuidad laboral, como el resto de los profesores. Dependen cada año de la designación, sin que haya ninguna normativa que les proteja profesionalmente. Esta indefensión laboral choca con la doctrina social de la Iglesia, que defiende los derechos de los trabajadores y es lo que más rechazos plantea entre muchos católicos y los que no lo son, ya que mantiene a los profesores en una dependencia absoluta y permanente respecto de decisiones arbitrarias.

La jerarquía eclesiástica ha luchado durante años para que se homologuen los derechos de los profesores de religión con los de las otras materias y para que la religión no sea una asignatura de segundo rango, pero en este punto no se acepta la homologación con el resto.

No hay coherencia en este asunto que pone de manifiesto un doble rasero, al defender una doctrina social que luego no se aplica consecuentemente en el foro interno de la Iglesia. La defensa de los derechos humanos y de su traducción jurídica y social plantea problemas de justicia a una Iglesia que, a veces, se exime de cumplirlos internamente.

El problema es que los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que sirvieron para la transición democrática, hoy están obsoletos y superados por la evolución de la sociedad. Un factor sorprendente es que no se los hayan cuestionado, para crear otros distintos, a pesar de que han pasado treinta años. Incluso ha surgido la paradoja de gobiernos socialistas que han proclamado la laicidad del Estado y la separación con la Iglesia y que, sin embargo, han omitido revisar los acuerdos.

Hemos llegado a una situación en la que planteamos revisar la misma Constitución española y no se plantea cambiar la normativa anterior en favor de una más acorde con las exigencias y sensibilidad mayoritaria de la sociedad española. Se hace precisa una revisión y discusión pública, para actualizarlos. El nuevo gobierno sería el más indicado para abordar esta problemática, ya que, en principio, despierta menos reticencias en los eclesiásticos y no se le podría descalificar como anticatólico.

La misma Iglesia tendría que propugnar esa revisión con un gobierno, en teoría más favorable y sensible a sus intereses, en lugar de seguir manteniendo que los acuerdos son intocables y no revisables. A medio y largo plazo la situación actual es social y políticamente insostenible, por contradictoria con la igualdad de derechos y exigencias de todos los ciudadanos. Hay que replantear el lugar de la Iglesia respecto del Estado y la sociedad civil. El modelo a seguir ya no puede ser el de 1979, porque ni España es la misma ni los problemas que hay que afrontar son los de la transición democrática.

 

Juan A. Estrada

Diario de Cádiz

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