SALVEMOS LA HOSPITALIDAD
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia,
tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos
con los otros”
(art. 1 Declaración Universal de los Derechos
Humanos)
Uno
de los deberes presente en todas las culturas, y en
algunas, señal de su identidad, es el de la
“hospitalidad”. Este deber ético
está gravemente amenazado en España si prospera
la anunciada reforma de la legislación de extranjería.
A la
tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal
(considerar a la persona que quiere sobrevivir
desplazándose por el planeta como un peligroso
delincuente), se une ahora la de aplicar un marco
sancionador a las personas que de manera solidaria
ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su
comportamiento altruista como forma proscrita de
”promoción de la permanencia ilegal en España”.
Ello
pone en automática situación de ilicitud a miles de
personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a
personas sin papeles. De este modo, verían perseguida su
actuación ONGs, Congregaciones religiosas y ciudadanos,
que vienen ejerciendo el deber de acogida y la
solidaridad para con las personas inmigrantes en
situación de irregularidad administrativa.
En
concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación
de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave
con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva
la permanencia irregular en España de un extranjero. Se
considera que se promueve la permanencia irregular
cuando el extranjero dependa económicamente del
infractor”.
Con
el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles
frente al abuso y las mafias, se incrementa
exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de
toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma
legal tiene una enorme trascendencia ético-política:
crea una norma que convierte en ilegal un
principio-valor tan estructuralmente necesario en un
Estado como es la solidaridad.
El
objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos
para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en
situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de
ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni
dinero, para que mediante la presión de esta situación
de precariedad absoluta, vuelva a su país.
Se
olvida que “toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración
Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de
persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y
disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).
Ante
esta situación, exponemos:
1.-
Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y
acompañando itinerarios vitales de personas en situación
de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de
la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios
como forma concreta de expresión de corresponsabilidad
humana y social con aquellos que no tienen los mínimos
de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.-
Que una parte significativa de la responsabilidad de la
miseria en que se hallan los pueblos de origen de
quienes tiene que migrar a España está provocada por
procesos históricos y políticas económicas y
colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del
denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el
sostenimiento de regímenes no transparentes ni
democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la
venta de armas y el tráfico de personas).
3.-
Que el principio de solidaridad para con los más
desheredados del mundo es un elemento ético de
legitimación en una sociedad que se denomina
democrática, que considera que los bienes de la tierra
tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las
fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria
del prójimo y su derecho a sobrevivir.
4.-
Que el Estado español pierde toda legitimidad
ético-jurídica cuando legisla contra el contenido
esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo
de ayuda material a las personas en situación irregular
y pretende intimidar con graves sanciones a quienes
ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante
ello, con independencia de otras numerosas
discrepancias, proponemos al Gobierno, en este
punto concreto, como auténtico mínimo ético, que
modifique el Anteproyecto en el sentido de
incorporar al texto normativo la necesidad de
“ánimo de lucro” en el infractor para que pueda
ser sancionable.
PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”
Enviar correos de adhesión a una de estas dos direcciones:
Julián C. Ríos Martín
jrios@der.upcomillas.es
Manuel Gallego Díaz
mgallego@der.upcomillas.es
