NUEVO CONFLICTO CON
LAS CLASES DE RELIGIÓN
La reciente sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía obliga a restituir a una
profesora de religión a su puesto docente y a
pagarle los salarios no devengados, que pueden
alcanzar la suma de 200.000 euros. La profesora
Resurrección Galera impartió clases de religión en
Almería durante siete años sin que hubiera quejas
por su actividad docente. Fue despedida en 2001 por
haber contraído matrimonio con un divorciado, sin
que tampoco se aludiera a ningún defecto en su labor
docente.
La actual sentencia, tras varias anteriores que
refrendaban el derecho del episcopado a no renovar
la docencia, obliga al Estado Español, y no a la
iglesia de Almería, a pagar las indemnizaciones
prescritas. Por su parte, la diócesis de Almería ha
anunciado que va a apelar a la Corte de derechos
humanos de Estrasburgo, argumentando que “dar clase
de religión católica no es un derecho que alguien
pueda apropiarse al margen de la Iglesia”.
Más allá de los problemas jurídicos, en principio ya
decididos por el Tribunal Superior, hay un problema
de fondo en su origen: los acuerdos de Iglesia y
Estado de 1979 y las atribuciones que se conceden en
materia de educación. Es la jerarquía eclesiástica
la que decide quiénes son los profesores de
religión, pero es el Estado el que paga los sueldos
y, en su caso, los despidos.
Los profesores son renovados cada año, sin que
puedan aludir derechos consolidados ni continuidad
laboral, como el resto de los profesores. Dependen
cada año de la designación, sin que haya ninguna
normativa que les proteja profesionalmente. Esta
indefensión laboral choca con la doctrina social de
la Iglesia, que defiende los derechos de los
trabajadores y es lo que más rechazos plantea entre
muchos católicos y los que no lo son, ya que
mantiene a los profesores en una dependencia
absoluta y permanente respecto de decisiones
arbitrarias.
La jerarquía eclesiástica ha luchado durante años
para que se homologuen los derechos de los
profesores de religión con los de las otras materias
y para que la religión no sea una asignatura de
segundo rango, pero en este punto no se acepta la
homologación con el resto.
No hay coherencia en este asunto que pone de
manifiesto un doble rasero, al defender una doctrina
social que luego no se aplica consecuentemente en el
foro interno de la Iglesia. La defensa de los
derechos humanos y de su traducción jurídica y
social plantea problemas de justicia a una Iglesia
que, a veces, se exime de cumplirlos internamente.
El problema es que los acuerdos Iglesia-Estado de
1979, que sirvieron para la transición democrática,
hoy están obsoletos y superados por la evolución de
la sociedad. Un factor sorprendente es que no se los
hayan cuestionado, para crear otros distintos, a
pesar de que han pasado treinta años. Incluso ha
surgido la paradoja de gobiernos socialistas que han
proclamado la laicidad del Estado y la separación
con la Iglesia y que, sin embargo, han omitido
revisar los acuerdos.
Hemos llegado a una situación en la que planteamos
revisar la misma Constitución española y no se
plantea cambiar la normativa anterior en favor de
una más acorde con las exigencias y sensibilidad
mayoritaria de la sociedad española. Se hace precisa
una revisión y discusión pública, para
actualizarlos. El nuevo gobierno sería el más
indicado para abordar esta problemática, ya que, en
principio, despierta menos reticencias en los
eclesiásticos y no se le podría descalificar como
anticatólico.
La misma Iglesia tendría que propugnar esa revisión
con un gobierno, en teoría más favorable y sensible
a sus intereses, en lugar de seguir manteniendo que
los acuerdos son intocables y no revisables. A medio
y largo plazo la situación actual es social y
políticamente insostenible, por contradictoria con
la igualdad de derechos y exigencias de todos los
ciudadanos. Hay que replantear el lugar de la
Iglesia respecto del Estado y la sociedad civil. El
modelo a seguir ya no puede ser el de 1979, porque
ni España es la misma ni los problemas que hay que
afrontar son los de la transición democrática.
Juan A. Estrada
Diario de Cádiz
