Laicidad del Estado
y signos religiosos
La mejor sociedad no es la que se ajusta a un credo
determinado, sino aquella en la que pueden convivir
personas que pertenecen a diversas religiones y otras
que no son creyentes.
La secularización de la sociedad y la laicidad lleva a
la separación del ámbito político y religioso, a la no
confesionalidad del Estado y al rechazo de privilegios
para una iglesia.
Esta perspectiva legitima la ausencia de signos
religiosos en las instituciones públicas, sobre todo
estatales. Responde a las demandas laicistas, que
impugnan la dimensión pública de la religión, y se
satisfacen las demandas de las religiones minoritarias
contra la hegemonía del catolicismo en España.
Estas y otras razones avalan la legitimidad de una ley
gubernamental que ponga fin a formas tradicionales del
cristianismo sociológico. Si la sociedad y el Estado no
son cristianos, hay que acabar con tradiciones
religiosas centenarias, hoy rechazadas.
El problema, sin embargo, no se reduce a esto. Abordarlo
desde la mera legitimidad e ignorar otras dimensiones
implica menospreciar a la opinión pública. No todo lo
legal es moral, ni lo técnicamente factible,
aconsejable. La política es el arte de lo posible y de
lo prudente, sin voluntarismos simplificadores.
Hay que partir de que somos ciudadanos y no súbditos. No
es la sociedad la que debe someterse al Estado sino a la
inversa. Si los dirigentes son los representantes del
pueblo, hay que consultarlo y no prescindir de él.
"Todo por el pueblo pero sin el pueblo" es la tentación
de gobernantes paternalistas, que apelan a la voluntad
popular en las elecciones, para luego olvidarse de ella.
Ellos saben lo que conviene hacer, en lugar de dejar a
la sociedad que resuelva libremente los asuntos.
El problema es si la sociedad española demanda una ley
general de exclusión de los signos religiosos o si
obedece a una iniciativa con motivaciones políticas.
Vivimos una sociedad fracturada, con graves problemas
como el desempleo, la corrupción en los partidos y
cargos políticos, el desencanto ante un poder judicial
politizado, la crisis del modelo educativo y la alarma
social ante la violencia de menores de edad.
En este contexto,
·
¿tienen sentido nuevas leyes que polarizan y crispan a
la sociedad?
·
¿es el momento adecuado para legislaciones que aceleran
un proceso que puede desarrollarse de forma espontánea y
progresiva?
·
¿no hay que dar la primacía a la paz social en un
momento social delicado?
·
¿no hay urgencia política por marcar signos de izquierda
en la cultura, ya que ha fracasado la política
económica?
·
¿se pueden ignorar la sensibilidad y emociones de
generaciones y personas tradicionales, todavía marcadas
por los ataques a la religión del pasado?
A esto se añaden otras cuestiones.
·
El núcleo de los problemas son los acuerdos
Iglesia-Estado de 1979. ¿Tiene sentido promulgar leyes
nuevas sin modificar el acuerdo marco que las limita?
·
Si se quitan signos religiosos del ámbito público habría
que eliminar los políticos en el religioso. ¿Se está
seguro de que la mayoría quiere que policía, ejercito y
autoridades dejen de participar en manifestaciones
religiosas y ciudadanas, como procesiones, romerías,
fiestas patronales, etc?
·
¿Qué hacemos con celebraciones religiosas que son
también tradiciones de nuestra identidad cultural,
histórica y folklore?
·
Además, ¿qué signos se quitan y cuáles quedan?
·
¿Quién determina lo que es artístico, además de
religioso? ¿Dejamos que decidan los políticos y que,
según quién gobierne, cambie de una legislatura a otra?
·
El catolicismo ha marcado nuestra historia, tradiciones
y formas de convivencia. ¿Lo tratamos por igual que
otras religiones sin arraigo en España?
·
¿Asumimos la demanda de laicistas que no buscan la
neutralidad del Estado, sino excluir la religión del
ámbito público? ¿No caemos así en una confesionalidad de
signo inverso, en este caso antirreligioso?
·
¿Hay que escuchar a grupos religiosos que rechazan la
presencia pública de la religión mayoritaria de los
españoles y que en sus países no toleran nada que se
aparte de su religión oficial?
·
¿Es aconsejable, además, regular el velo islámico por
ley y entrar en una espiral de conflictos, que hasta
ahora, sabiamente, se han obviado?
Son preguntas que exigen un debate social sereno,
complejo, plural y abierto. La preferencia personal que
tengamos no debe confundirse con lo que siente y piensa
la mayoría. El proceso de secularización es gradual y
responde a una transformación de la sociedad.
No es el Estado ni el Gobierno, el que debe tener la
iniciativa, sino la sociedad. Hay que legislar lo mínimo
posible, sólo lo necesario, huir del intervencionismo en
la vida ciudadana, y aplicar el principio de
subsidiariedad.
Hay que distinguir entre esfera estatal y el ámbito
público en que cada institución resuelve los conflictos
según tiempos, lugares, personas y circunstancias.
Ante demandas concretas sobre signos religiosos, que
cada caso se resuelva atendiendo a las opiniones de los
implicados.
Es una imprudencia política tensionar más a la sociedad
con leyes posiblemente legítimas, pero que no urgen.
Habría que aprender de otros países con larga tradición
laica y democrática que, sin embargo, mantienen signos
religiosos, aunque para muchos ciudadanos sean más parte
de la tradición y de la cultura que signos de fe. ¿No
hay nada que tengamos que aprender de ellos?
Juan A. Estrada
DIARIO MÁLAGA HOY
1.09.09
