EL JUICIO DEL ARZOBISPO
DE GRANADA
El proceso, el juicio y la condena del arzobispo de Granada,
Javier Martínez, ha producido lógicamente reacciones muy
distintas y, en no pocos casos, enfrentadas. Es seguramente
la primera vez que, en mucho tiempo (no sé si siglos), nos
vemos ante un hecho así. Y al ser el reo y el condenado
quien es, hay desde quienes se sienten abatidos y
escandalizados hasta los que se frotan las manos diciendo
que ya era hora de poner las cosas en su sitio, sin que
seguramente falten los que dicen que el juez se ha quedado
corto en su sentencia y ha usado con el arzobispo una
benignidad que probablemente no tiene con otros. ¿Qué pensar
de todo esto?
A mí me parece que lo primero, en un caso como éste, es
lamentar profundamente lo que ha ocurrido. Porque este tipo
de situaciones van inevitablemente asociadas a sufrimientos
y humillaciones que siempre son dolorosas y, a veces, más
dolorosas de lo que sospechamos quienes, desde fuera,
enjuiciamos el caso, cargando juicio sobre juicio.
Nos ha de doler, por tanto, el dolor de los que se han visto
implicados en el proceso. Y también nos tiene que doler el
malestar y seguramente el escándalo de quienes no entienden,
ni pueden entender, que un sacerdote lleve a su obispo ante
los tribunales. O también la indignación de los que no
pueden comprender que un sacerdote se vea en tal situación
que no tenga otra salida que denunciar a su obispo ante la
justicia ordinaria.
Sinceramente, todo esto me produce mucha pena. Y confieso
que me he sentido y me siento mal con todo este embrollo.
Como supongo que mal se tienen que sentir otros cristianos
en Granada y fuera de Granada.
Pero hay algo mucho más serio en todo este asunto. Un
arzobispo, antes que arzobispo, es ciudadano. Y se tiene que
atener a las exigencias y consecuencias que lleva consigo la
condición de ciudadano. Digo esto pensando, no sólo en el
arzobispo, sino igualmente en las numerosas personas que han
vivido, y están viviendo, este proceso como si se tratarse
de un ataque a la Iglesia o incluso que la Iglesia está
siendo perseguida.
En España, que sepamos, nadie persigue a la Iglesia. Lo que
ocurre es que vivimos en un país en el que casi siempre ha
mandado la derecha política. Y bien sabemos que la derecha y
la Iglesia se han entendido y se han ayudado mutuamente
hasta el punto de que muchos hombres de Iglesia ven los
privilegios que les ha concedido la derecha como si se
tratase, no de “privilegios”, sino de “derechos”. De ahí
que, para los católicos rancios y los curas chapados a la
antigua, verse privados de los privilegios de antaño es
tanto como verse despojados de derechos que les competen a
ellos, y a ellos solos.
Por eso, llevar a un arzobispo ante los tribunales es cosa
que no nos tendría que sorprender, ni por eso nadie se
tendría que llevar las manos a la cabeza. Y menos aún
organizar oraciones extraordinarias en la catedral.
Oraciones para pedir ¿qué? ¿que el juez no cumpla con su
obligación de dictar una sentencia justa? Porque, a fin de
cuentas, ¿qué es más importante? ¿que se haga justicia o que
se salvaguarde a toda costa el buen nombre del arzobispo?
Si algo bueno ha tenido el proceso contra el arzobispo es
que todo el mundo ha visto que, en ningún caso, la condición
de creyente, de clérigo, de obispo o de arzobispo, está
antes que la condición de ciudadano.
De todas maneras, incluso en este caso “con la Iglesia hemos
topado” Es verdad que de este enredo han salido malparados
tanto el arzobispo como el canónigo. Pero, sinceramente,
cualquiera entiende que ha sido el canónigo el que se ha
llevado la peor parte. Porque, a fin de cuentas, el
arzobispo despacha el asunto pagando tres mil y pico de
euros, cosa que para el arzobispado no es problema. Mientras
que el canónigo, Javier Martínez, se ha quedado, al menos
hasta ahora, con su suspensión “a divinis”, sin poder
ejercer el sacerdocio, expulsado del cabildo de la catedral,
prácticamente sin oficio ni beneficio.
Con lo cual se ha demostrado que el derecho penal del Estado
es bastante más benigno que el derecho canónico de la
Iglesia. Además, el derecho del Estado es eso, un “derecho”
en sentido propio. Es decir, un derecho del que si un
ciudadano se ve privado, puede poner una demanda. Pero el
derecho de la Iglesia está supeditado, en última instancia,
a la voluntad del papa, juez supremo en los asuntos
religiosos (canon 1442).
Por tanto, hay que preguntarse: el canónigo que ha sido
absuelto en el juicio, ¿a quién acude ahora para que le
restituyan todo lo que el arzobispo le ha quitado? Me
sospecho que Roma va a ser más indulgente con el arzobispo
que con el canónigo. Lo que, en definitiva, plantea un
problema mucho más serio: en la Iglesia no hay derechos
propiamente tales y con las debidas garantías de ser
reconocidos y aplicados.
Por muchos cánones que tenga el Código de Derecho Canónico,
los curas están a merced de lo que disponga el obispo. Como
los obispos están a merced de lo que disponga el papa. ¿Qué
solución tienen las personas en una institución que funciona
así? No les queda más salida que fomentar la mística de la
sumisión, bien condimentada con adecuadas dosis de disimulo,
ocultamiento y, a veces, de hipocresía. Con lo que se da pie
a que prevalezca, no el derecho de las personas, sino la
adulación o incluso el envilecimiento de los que no quieren
caer de donde están. Por no hablar del extraño proyecto de
quienes, en una institución gobernada así, pretenden hacer
carrera, subir y alcanzar puestos de honor y dignidad.
José M. Castillo
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