Derechos humanos en la Iglesia
la incoherencia vaticana
La celebración del
sesenta aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos invita a
reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en la
Iglesia Católica, una de las instituciones
que más resistencia ha opuesto históricamente a las
libertades modernas.
La
Ley
Fundamental
del Estado de la Ciudad del Vaticano,
promulgada en febrero de 2001, establece en su artículo 1º
que “el papa detenta
en su persona la plenitud de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial“.
Tras el Concilio hubo intento de hacer una Ley Fundamental
de la Iglesia, pero el proyecto no llegó a puerto. Sólo se
hizo en 1983 la promulgación del
Código de Derecho Canónico,
que aunque es válido sólo para la Iglesia Latina,
prácticamente, con sus 1752 artículos (o cánones) es la Ley
magna de la Iglesia Católica. Aquí no hay división de
poderes, sino
potestad suprema: “El
Obispo de la Iglesia de Roma… tiene, en virtud de su
función, potestad ordinaria, que es suprema, plena,
inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre
ejercer libremente” (Cánon
331)..
En consecuencia, la cultura de los derechos humanos está
ausente de su organización, que se configura con una
estructura estamental (clérigos y laicos; Iglesia docente e
Iglesia discente, jerarquía y pueblo de Dios), funciona al
modo jerárquico-piramidal (pastores-rebaño) y rechaza la
democratización alegando que es de institución divina y que
tiene fines espirituales. Lo que choca, de entrada, con el
título de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano que
ostenta el papa.
Por eso, la trasgresión de los derechos humanos en la
Iglesia católica no es una patología más, sino un
una práctica estructural,
inherente al paradigma eclesiástico actual que no se
corresponde con la intención del fundador ni con los
orígenes del cristianismo.
El papa y los obispos católicos defienden los derechos
humanos en la sociedad y denuncian su trasgresión, pero
desconocen e incumplen los derechos de los cristianos y de
las cristianas en el seno de la Iglesia. Defienden la
libertad en la sociedad, pero se olvidan de la libertad
cristiana, reconocida de múltiples formas en los textos
fundantes del cristianismo.
¿Cómo puede negarse a los cristianos y cristianas la
libertad cuando, según declara Pablo de Tarso, “para ser
libres nos ha liberado Cristo” (Gálatas 5,1)? Es la
incoherencia vaticana.
Veamos algunos ejemplos.
Las mujeres son excluidas del sacerdocio, del episcopado y
del papado y de los puestos de responsabilidad eclesial,
alegando que Jesús fue varón y que sólo puede ser
representado por varones. Se convierte así a Jesús de
Nazaret en una persona machista cuando lo que puso en marcha
fue un movimiento igualitario de mujeres y de hombres.
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha amenazado con la excomunión
al teólogo norteamericano Roy Bourgeois por afirmar que las
mujeres tienen la misma dignidad que los varones para ser
sacerdotes y que en la Biblia no hay nada que se oponga a la
ordenación de las mujeres. Su respuesta ha sido que el
sexismo y el racismo son pecado y que la discriminación de
género es inmoral
¿Cómo puede practicarse la discriminación contra las
mujeres impunemente en la Iglesia Católica cuando Pablo de
Tarso escribió ya a mediados del siglo I que “ya no hay ni
griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3, 26) ?
Se obliga a los sacerdotes a ser célibes y a renunciar al
matrimonio cuando teológica e históricamente no existe una
vinculación intrínseca entre sacerdocio y celibato. No se
reconocen ni se respetan libertades como las de expresión,
investigación, cátedra e imprenta. Hay decenas de teólogas y
teólogos condenados por sus escritos y declaraciones
públicas, a quienes, además, se les obliga a someter a
censura previa todo lo que escriben. En algunos casos,
libros publicados “con las debidas licencias” eclesiásticas
son retirados de la venta.
Hasta la opción por
los pobres es condenada a veces con penas
severísimas como en el caso de la teología de la liberación,
demonizada por el cardenal Ratzinger cuando era presidente
de la Congregación de la Fe en la
Instrucción sobre algunos
aspectos de la teología de la liberación, y de
algunos de sus principales representantes como Leonardo Boff.
Los procesos contra los teólogos y las teólogas no son
precisamente un ejemplo de transparencia y de respeto a los
derechos humanos; todo lo contrario, los inculpados ven cómo
en dichos procesos se incumplen sistemáticamente los
derechos reconocidos por la justicia civil. Se sienten solos
ante el peligro, sin defensa ni posibilidad de apelación.
Además, la sentencia está dictada de antemano.
Y, no contenta con reprimir los derechos humanos en su
interior, la jerarquía católica se opone el ejercicio de
determinados derechos y libertades fundamentales en la
sociedad: el derecho al libre ejercicio de la sexualidad,
condenando la homosexualidad, oponiéndose a su total
despenalización y generando con sus condenas actitudes
homófobas.
Condena la investigación con células madre embrionarias con
fines terapéuticos, práctica que algunos dirigentes de la
Iglesia católica comparan con los experimentos nazis en los
campos de concentración.
Niega los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Los representantes de la Iglesia católica juegan un papel
muy activo en contra de los derechos de las mujeres en la
Conferencias Internacionales de Medio Ambiente, Desarrollo y
Pobreza, Emancipación de la Mujer, etc., haciendo causa
común con otras organizaciones religiosas integristas.
Sucede que, en estos casos, extienden la prohibición de
dichos derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Más
aún, se oponen a las leyes que regulan dichos derechos,
llamando a su incumplimiento, porque consideran que son
contrarios a la ley natural. Vuelve a repetirse la actitud
condenatoria de las libertades y los derechos humanos
adoptada por la jerarquía católica a lo largo del siglo XIX
y durante buena parte del siglo XX. Pareciera que la
historia de la Iglesia hubiere retrocedido o se hubiera
detenido hace dos siglos.
Dos hechos recientes dejan al descubierto la insensibilidad
del Vaticano en este campo: su negativa a firmar la
convención de la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad y la oposición a la propuesta de Francia ante
las Naciones Unidas de despenalización total de la
homosexualidad en el mundo, ya que en ocho países la
homosexualidad se castiga con la pena de muerte. No aceptar
dicha despenalización implica la condena a muerte de los
gays y lesbianas que viven en esos países.
Con su actitud el Vaticano está violando de manera
flagrante el primero de todos los derechos humanos: el de la
vida. ¿Qué credibilidad va a tener cuando clame por el
derecho de los no nacidos si legitima la pena de muerte de
ciudadanos y ciudadanos por el libre ejercicio de su
sexualidad?
La celebración del sesenta aniversario de la Declaración de
Derechos Humanos me parece una buena oportunidad para que la
Iglesia Católica en su conjunto, empezando por sus
dirigentes, haga “examen de conciencia” sobre el
incumplimiento de los derechos humanos en su seno, muestre
un firme propósito de la enmienda, elabore una carta de los
derechos y libertades de los creyentes y ponga en práctica
los principios de la Declaración en todos los niveles de su
organización.
Recientemente el Vaticano ha ampliado el catálogo de
pecados, pero no ha incorporado uno que es ciertamente
“pecado mortal”: la trasgresión de los derechos humanos en
el seno de la Iglesia.
Juan José Tamayo
