LA IGLESIA Y LA CIUDADANÍA
El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional francesa
aprobó la “Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano”.
El 26 de agosto de 1790, el papa Pío VI dijo en
un consistorio de cardenales: “Por los decretos que han
sido publicados por la Asamblea nacional, la religión
misma es atacada y ha sido herida, los derechos de la
Santa Sede han sido usurpados, los tratados y acuerdos
han sido violados”. Poco después, Pío VI ratificaba su
condena en el Breve “Quod aliquantulum”.
Esta postura papal se mantuvo firme durante todo el
siglo XIX. De forma que, en 1878, León XIII, en
su encíclica “Quod Apostolici”, se quejaba de que los
socialistas se atrevían a decir que “todos los hombres
son por naturaleza iguales”. Porque, a juicio del papa,
“la desigualdad en derechos y en poderes dimana del
mismo Autor de la naturaleza”, ya que sólo así “la razón
de la obediencia se hace fácil y nobilísima”. De ahí que
Dios mismo “constituyó en la sociedad civil diversos
órdenes diferentes en dignidad, derechos y poderes”.
El papa siguiente, Pío X, en la encíclica
“Vehementer Nos”, dijo: “En la sola jerarquía reside el
derecho y la autoridad necesaria para promover y dirigir
a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En
cuanto a la multitud, no tiene otro derecho que el
dejarse conducir y dócilmente seguir a sus pastores”.
Las ideas de los papas del siglo XIX habían sido
difundidas y argumentadas por los grandes defensores de
la potestad papal. De ellos, cabe destacar a Louis
Bonald, Joseph de Maistre y La Mennais, en Francia, Karl
Ludwig von Haller y Friedrich von Hurter, en Alemania,
Donoso Cortés, en España.
Todos ellos, salvo La Mennais, fueron laicos y
vinculados a la nobleza. Por lo visto, las clases altas
de la sociedad no aceptaron los principios de la
“Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano”. Para defenderse de semejante peligro, vieron
la mejor muralla en la exaltación de la potestad papal.
De La Mennais es esta argumentación: “Sin papa no hay
Iglesia; sin Iglesia no hay cristianismo; sin
cristianismo no hay sociedad, de suerte que la vida de
las naciones europeas tiene su fuente, su única fuente,
en el poder pontificio”.
Más tajante fue el razonamiento de J. De Maistre que
escribía a Luis XVIII: “Recuerde con frecuencia esta
cadena de razonamientos: no hay moral pública ni
carácter nacional sin religión, no hay religión europea
sin cristianismo, no hay cristianismo sin catolicismo,
no hay catolicismo sin papa, no hay papa sin la
soberanía que le pertenece”.
Y el mismo de Maistre insistía en su obra fundamental
“Du Pape”: “Sin el Sumo Pontífice no hay verdadero
cristianismo”, “el verdadero cristianismo reposa
enteramente sobre el Sumo Pontífice”.
Este pensamiento alimentó a papas, obispos, clérigos y
fieles católicos hasta el final de la segunda guerra
mundial. De ahí que cuando, el 10 de diciembre de 1948,
la ONU aprobó la Declaración Universal de los derechos
humanos, el Vaticano, al menos públicamente, no se hizo
eco de tal acontecimiento.
Pocos días después, el 24 de diciembre, Pío XII
en su mensaje navideño, se lamentaba de las “insidias y
peligros” que afectaban a todos los pueblos. Pero no
hizo ni la más ligera alusión a la Declaración de la
ONU, uno de los acontecimientos más positivos de todo el
siglo XX.
Fue a partir de Juan XXIII cuando se produjo un
giro decisivo en la postura de la jerarquía
eclesiástica. Desde entonces, el concilio Vaticano II,
papas y obispos han insistido en la importancia de los
derechos humanos. La enseñanza de la Iglesia ha llegado
a formulaciones excelentes en este sentido. Y así lo
demuestra la abundante documentación publicada en dos
excelentes libros por R. M. Martino y G. Flibeck.
El problema que tiene la Iglesia, en lo que respecta a
los derechos de los ciudadanos, es que habla de una
manera y actúa de otra. Ningún obispo de ahora dice lo
que escribieron León XIII o Pío X. Pero es significativo
que la misma Iglesia que elogia teóricamente la
Declaración de los derechos humanos, de 1948, no ha
suscrito todavía los dos Pactos Internacionales,
firmados el 16 de diciembre de 1966, en Naciones Unidas,
por los que los Estados (también el Vaticano) tendrían
que haberse comprometido legalmente al cumplimiento de
la Declaración.
¿Qué le pasa a la Iglesia con la ciudadanía? Una cosa
salta a la vista: la Iglesia se entiende bien con los
“creyentes”, pero no encuentra su sitio entre los
“ciudadanos”.
Los problemas que tienen los obispos con la asignatura
de educación para la ciudadanía se comprenden a partir
de la convulsa historia que la Iglesia viene arrastrando
desde la Ilustración. En el fondo, la Iglesia no acaba
de aceptar la sociedad laica y el Estado no confesional.
Le pasa en esto lo que le ocurre con los derechos
humanos. Los acepta en teoría, pero tiene problemas para
ponerlos en práctica. Por ejemplo, el derecho a la
igualdad entre hombres y mujeres. La teología católica,
tal como se enseña actualmente, no puede aceptar ese
derecho.
La sociedad ha evolucionado con más rapidez que la
religión. Y la religión, amenazada como se ve, se
resiste a aceptar que, en el ámbito de lo civil y de lo
laico, ella no tiene la última palabra, como la ha
tenido durante siglos.
El problema está en que la historia, y con ella la
sociedad, siguen adelante. La Iglesia no va a detener
ese avance. Por eso lo mejor que puede hacer es
centrarse en el fiel cumplimiento del Evangelio y no
decir cosas que se van a enjuiciar como ahora
enjuiciamos lo que los papas decían hace dos siglos.
Pero ya no van a hacer falta dos siglos para que todo el
mundo piense que lo que los obispos dicen ahora de la
asignatura de educación para la ciudadanía tienen el
mismo peso que tenían las condenas de Pío VI contra los
derechos del ciudadano.
José M. Castillo
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