EL VATICANO
Y LA CAMPAÑA ELECTORAL
La Iglesia católica es una confesión religiosa y un Estado.
Ambas cosas a la vez. Por tanto, el papa es, al mismo
tiempo, un dirigente religioso y un jefe de Estado.
Es verdad que el Estado de la Ciudad del Vaticano es
territorialmente muy pequeño. Pero este Estado tan pequeño
tiene una peculiaridad que no tiene ningún otro país del
mundo. El jefe del Estado Vaticano, en cuanto líder
religioso, tiene unos mil millones de súbditos, es decir,
tiene una determinada autoridad para mandar en todos los
países del planeta. Sin olvidar que el poder del papa es un
poder que toca donde ningún otro jefe de Estado puede tocar,
en la intimidad de las conciencias.
Desde este punto de vista, no es ningún disparate decir que,
por ejemplo, en muchos ciudadanos españoles, el jefe del
Estado del Vaticano manda más que el jefe del Estado
español.
Y el papa sabe muy bien que eso es así. El 24 de junio de
2005, declaró Benedicto XVI que los asuntos relacionados con
la ética “tienen su último fundamento en la religión”. Es
decir, cuando se trata de problemas relacionados con las
decisiones de conciencia, el último fundamento (para la toma
de tales decisiones) está en lo que diga el papa. Lo cual es
ambiguo. Porque Benedicto XVI dijo esas palabras ante el
presidente de la República Italiana, no en una ceremonia
religiosa, sino en un acto estrictamente político, en el
palacio del Quirinal, cuando el papa, hablando como jefe de
Estado, explicaba públicamente su pensamiento sobre la
“laicidad del Estado”.
Y lo peor del caso es que este pensamiento papal es, no sólo
ambiguo, sino sobre todo peligroso. Porque los asuntos de la
moral y de la ética tocan directamente a muchos e
importantes asuntos de la vida sobre los que un Estado de
derecho tiene la obligación de legislar. Y entonces los
ciudadanos, que tienen creencias católicas, se pueden (y se
suelen) ver en la complicada disyuntiva de tener que decidir
a quién le hacen caso: ¿a los obispos que representan al
papa o al parlamento que representa al Estado?
Pues bien, sabemos que los obispos suelen zanjar estas
situaciones exigiendo al Estado que legisle, para todos los
ciudadanos, de acuerdo con las exigencias morales que dicta
el papa para los católicos.
Así las cosas, cualquiera entiende que la concentración que
organizaron los obispos el pasado 30 de diciembre, en la
plaza de Colón de Madrid, fue un acto, no sólo religioso,
sino también electoral. Y lo grave del asunto es que a mucha
gente le parece lo más lógico del mundo el acto electoral de
derechas que se organizó en Madrid el 30 de diciembre.
De la misma manera que, hace unos años, a millones de
televidentes les pareció normal que Juan Pablo II le echara
una reprimenda, con el dedo alzado, al ministro de cultura
de Nicaragua, Ernesto Cardenal, que, ante todo el gobierno
de la nación, aguantó de rodillas la regañina del Pontífice.
¿Ustedes se imaginan que, en una recepción oficial y ante
las cámaras de la televisión en el aeropuerto de Barajas, el
presidente Sarkozy pusiera de rodillas a un ministro de
nuestro gobierno y, apuntándole con el dedo, le dijera
amenazante que tiene que cambiar de conducta?
Las ingerencias del Vaticano en los asuntos internos de
otros Estados han sido más frecuentes de lo que sospechamos.
Sobre todo cuando se acercan acontecimientos importantes,
como es el caso de un referendo o unas elecciones generales.
Cuando yo era estudiante en Roma, los italianos veían como
cosa normal que, en las campañas electorales, el Cardenal
Vicario de la diócesis de Roma convocara a los superiores de
frailes y monjas para darles severas instrucciones indicando
a quién había que votar.
El Vaticano y sus representantes actúan con cautela en estos
casos. Pero lo hacen con eficacia. Puesto que, como he
dicho, tocan donde no pueden tocar los poderes del Estado
laico. En este sentido, el Vaticano juega con ventaja. Y
tiene una fuerza, que muchos no imaginan, para decantar el
voto de muchas personas.
Porque en España la conciencia “religiosa” es un refuerzo
enorme para potenciar o modificar la conciencia “laica”.
Además, en algunos casos (como ocurre en España), el Estado
se ve presionado por el deber de respetar los acuerdos
internacionales que ha suscrito con el Vaticano. Con lo cual
la ventaja se acrecienta. Por eso, en España, los obispos no
van a decir a quién se debe votar. Les bastará con decir que
hay que votar “en conciencia”. Con eso tendrán fuerza para
movilizar a más gente de la que quizá sospechamos.
Para evitar confusiones, ambigüedades y conflictos, que
dañan a todos y antes que nadie a la misma Iglesia, creo que
lo mejor sería que despareciera el Estado de la Ciudad del
Vaticano con todo su montaje de relaciones diplomáticas de
alta política. Si el papa representa a Jesucristo en la
tierra, no resulta fácil imaginarse a Jesús de Nazaret
revestido de los poderes y oropeles de los jefes de Estado.
Y mientras eso no llega (que no sé si llegará alguna vez),
los gobiernos deberían poner todos los medios legales, que
ofrece el Estado de derecho, para evitar las ingerencias de
un Estado (el Vaticano) en los asuntos que conciernen a la
organización política de otro Estado. Empezando, claro está,
por acabar con los concordatos y acuerdos con la Santa Sede,
que tantas veces suelen ser el coladero de ingerencias de la
religión en la política.
José M. Castillo
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