EL ARZOBISPO, EL CLERO
Y LOS CRISTIANOS EN GRANADA
Como es lógico, yo no soy quién para enjuiciar si la
Audiencia Provincial de Granada tiene o no tiene razón al
concluir que el arzobispo, Javier Martínez, actuó con
“legitimidad” en las decisiones que tomó contra el canónigo
Javier Martínez Medina. Eso no es asunto de mi competencia.
Y lo mejor que hacemos, quienes no somos competentes en el
tema, es no echar más leññña al fuego. Para dirimir asuntos
de este tipo están los tribunales de justicia.
Por lo que acabo de indicar, se comprende que yo no diga ni
palabra en un asunto del que no entiendo ni me corresponde.
Lo que a mí me preocupa es otra cosa de la que creo que
puedo y debo hablar. Porque estoy convencido de que, si me
callo ante lo que está ocurriendo en la archidiócesis de
Granada, con mi silencio me hago cómplice del escándalo y el
desconcierto que ahora mismo están sufriendo la mayor parte
de los sacerdotes de Granada y muchos cristianos en nuestra
ciudad y fuera de ella.
Insisto en que no le doy ni le quito la razón a nadie en
cuanto se refiere al proceso judicial estrictamente tal. Lo
que creo que puedo y debo decir es que, en la archidiócesis
de Granada, se está viviendo una situación escandalosa, que
está haciendo mucho daño a la buena voluntad y a las
creencias religiosas de muchas personas, que está
erosionando, más de lo que ya está, la imagen y la
credibilidad de nuestra Iglesia. Además, todo esto está
provocando y acentuando sufrimientos que se tendrían que
haber evitado hace tiempo.
Por supuesto, en esta situación escandalosa ha tenido mucho
que ver el enfrentamiento judicial entre el canónigo y el
arzobispo. Pero el fondo del problema, del malestar y del
escándalo no está en eso. Lo que está ocurriendo en Granada
es la punta del iceberg que indica un mal de fondo que es lo
verdaderamente grave. ¿A qué me refiero? Pienso que la raíz
de éste, y de tantos otros males en la Iglesia, tiene su
razón de ser en el sistema organizativo de la institución
eclesiástica.
Un modelo de organización que no se puede justificar ni
desde el Nuevo Testamento ni desde la Tradición de la
Iglesia durante más de diez siglos. La Iglesia se ha
organizado como una monarquía absoluta. El papa, como
autoridad universal, y los obispos, como autoridades
locales, pueden tomar las decisiones que crean convenientes.
Y ante tales decisiones, nadie tiene derecho a rechistar. De
forma que, si alguien se mueve, no sale en la foto. Es
decir, el que no se somete incondicionalmente, que se atenga
a las consecuencias.
El principio determinante del gobierno en la Iglesia es la
sumisión y no el derecho. El vigente Código de Derecho
Canónico tiene 1752 cánones. Pero, a la hora de la verdad,
por encima de todos esos cánones, está la voluntad del papa
que, con la Curia y los obispos, gobierna la Iglesia, sin
posibilidad de apelación efectiva y garantizada.
Es importante que la gente sepa que en la Iglesia nadie
tiene derecho alguno, en el sentido propio de lo que hoy se
entiende como tener un derecho. Sólo quien puede poner una
demanda, plantear una pretensión, tener una expectativa, con
garantías de éxito, se puede decir que tiene un derecho.
Pero eso no existe en la Iglesia. Ni en ella hay cauces de
participación a la hora de nombrar o destituir a un obispo
en una diócesis o a un párroco en una parroquia.
Lo que funciona en la Iglesia es la ley de la sumisión,
incluso en los casos en los que el obispo o el papa se
niegan a escuchar o se desentienden de quien reclama algo
que se ve como lo más razonable del mundo. Y, como es
lógico, la ley de la sumisión tiene como consecuencia la ley
del miedo, del que se sigue el silencio.
Todo esto, bien “argumentado” desde la absoluta y misteriosa
“voluntad divina”, que lógicamente es inapelable y cuyos
representantes únicos en la tierra son los jerarcas
eclesiásticos, es el armazón inexpugnable de una institución
que mantiene un poder que impresiona, pero que cada día
tiene menos credibilidad.
Así las cosas, se entiende perfectamente lo que está pasando
en Granada. Se entiende que a nuestra ciudad, sin consultar
con el clero y los fieles, destinaran a un obispo que había
tenido serios problemas en Córdoba, cosa que es pública y
notoria.
Se entiende igualmente que, una vez en Granada, el actual
arzobispo siguiera teniendo problemas con sacerdotes e
instituciones religiosas y civiles, lo que es también
público y bien conocido.
Se entiende que, cuando se produjo un enfrentamiento grave
entre el arzobispo y un canónigo, a éste no le quedase otra
salida legal que apelar a un tribunal civil.
Se entiende además que, ante los hechos extraños que vienen
ocurriendo en la archidiócesis de Granada desde que llegó el
actual arzobispo, 132 sacerdotes hayan acudido al Nuncio
suplicando una solución.
Se entiende también que, a estas alturas y con todo lo
ocurrido, el Nuncio ni haya respondido ni le haya puesto
remedio al caso. Además, también se entiende que los
sacerdotes, que han acudido al Nuncio, lo hayan hecho en
secreto, protegiendo ocultamente sus nombres.
Como igualmente se entiende que el resto del clero secular y
regular de Granada, sabiendo el daño que todo esto causa, se
están callando, seguramente porque piensan que es mejor “no
complicar más las cosas”.
Y por último, también se entiende que los cristianos de
Granada se mantienen aún más pasivos y callados que el
clero. Unos dicen que no entienden de estas cosas. Otros
aseguran que esto es “cosa de curas”. Y lo más triste del
asunto es que, dentro de unos días, en la procesión del
Corpus, Granada entera se echará a la calle cantando “al
amor de los amores”. Así el escándalo resultará tan solemne
como ridículo.
José M. Castillo
