Treinta años
Hemos celebrado treinta años de la Constitución y muchos
comentarios han hecho un balance del tiempo pasado. También
han surgido alusiones a las relaciones entre la Iglesia y el
Estado, aunque los acuerdos se concretaron el 3 de enero de
1979, mucho antes de que se pudiera aplicar la Constitución.
Éste fue el primero de los males: que se hicieron cuando
todavía no se habían desarrollado los principios
democráticos constitucionales. Estas regulaciones
posibilitaron que la Transición a la democracia no se
bloqueara por divergencias en torno al hecho religioso. Hoy
ya no hay transición, sino democracia estable, y el hecho
religioso ha vuelto a convertirse en causa de crispación en
la sociedad. Resurgen algunas corrientes intransigentes,
tanto en el ámbito de la Iglesia como en el estatal.
Persisten problemas irresueltos, una vez acabada la
Transición, como los de la financiación de la Iglesia, el
papel de la religión en la enseñanza pública, los costos y
derechos de los profesores de religión, que están marginados
de la legislación laboral común; la exención de muchos
impuestos a la Iglesia católica y las desigualdades
comparativas con otras religiones, etc.
Hay que añadir, además, problemas éticos y leyes
controvertidas, que han sido duramente criticadas por la
jerarquía eclesiástica. Se polemiza sobre si la Constitución
es laica o no confesional, sin que esté claro en qué poner
la diferencia.
Los problemas se agravan porque los acuerdos están
legitimados por un tratado internacional, lo cual limita las
posibilidades de acción de todos. La Constitución necesita
nuevas aplicaciones y desarrollos, también en lo religioso,
que conllevan nuevos acuerdos. El problema es que el
Gobierno y la Iglesia se enfrentan en muchas cuestiones,
pero convergen en no querer revisarlos.
Lo más paradójico es la actitud del Gobierno, que protesta
mucho y critica a los obispos, pero no quiere, no se atreve
o no puede plantear esa revisión.
Para compensar a los críticos, despliega otra serie de
batallas menores, contribuyendo a la crispación social, sin
reconocer que el nudo gordiano son los acuerdos y que el
mejor servicio que se puede ofrecer al país es derogarlos y
sustituirlos por otros, de común acuerdo con la jerarquía,
teniendo ambos como referencia el sentir mayoritario de los
ciudadanos.
Hay un choque de mentalidades polarizadas. Por un lado, la
jerarquía corre el peligro de aparecer como la instancia
referente de la derecha moral y política del país, sin más
alternativas ni contrastes. La preocupación por la moral les
lleva, a veces, a que pase a un segundo plano la prioritaria
atención al dolor humano, que es lo que caracterizó a Jesús
y le llevó a enfrentarse a las leyes religiosas de su época.
No es raro que gente que valora positivamente el aporte de
la Iglesia a la sociedad en ámbitos como la educación, la
asistencia social a los pobres y la preocupación por la
familia se extrañen, cuando no se escandalizan, de su
lejanía a la gente, sobre todo en problemas concernientes a
la moral sexual y la bioética. La vieja moral del pecado,
centrada en la sexualidad, sigue siendo determinante de
mentalidades y prácticas.
Por su parte, el Gobierno anhela una religión confinada al
ámbito privado y cultual, que es la vieja tentación de todo
gobierno autoritario, de derechas y de izquierda. Su
laicismo oscila entre la colaboración vergonzante con la
Iglesia y la agresividad, con mucho peso de anticlericalismo
y de espíritu de revancha, por el papel jugado por la
jerarquía en la dictadura franquista.
La referencia al laicismo no sirve para resolver los
problemas, porque hay distintas formas de entenderlo,
incluso en la misma Francia. Laicistas son naciones como
Alemania, los países nórdicos y muchos del Este, que, sin
embargo, mantienen buenas relaciones de colaboración con las
diversas iglesias.
Aquí estamos lejos de ello y somos más papistas que el
Papa, y más laicistas que los países con una larga tradición
de sociedad secular y laica.
Nos falta la cultura y sensibilidad democrática que sólo
dan los años. Todavía queda mucho para la europeización de
España en mentalidades y sensibilidades, y donde más se nota
es en el liderazgo político y eclesial. España ha tenido
secularmente mala suerte con sus gobernantes políticos y
eclesiásticos, todavía hoy más cercanos a la vieja
mentalidad predemocrática, que a la sensibilidad cultural de
nuestro entorno.
España sigue siendo el problema y Europa la solución,
porque en ella, las iglesias han asumido la sociedad
secularizada y laica, y el Estado no busca adoctrinar ni
desplazar la religión a ámbitos irrelevantes.
En lo religioso, estamos todavía en la Transición y para
superarla es necesario actualizar la Constitución y, con
ella, los acuerdos Iglesia-Estado del 79.
Juan A. Estrada
Europa Sur
