Grandes Lagos,
grandes crímenes,
grandes injusticias
La
mayor guerra de la historia todavía se está librando en
la región de los Grandes Lagos, que abarca varios países
de África Central. ¿Es posible en esta era de las
comunicaciones ocultar millones de víctimas? El
International Rescue Committee ha contabilizado más de
5.400.000 personas fallecidas, la mayor parte de ellas a
partir de la invasión de Congo por las fuerzas de
Ruanda, Uganda y Burundi.
La
mayoría de las víctimas no proceden de enfrentamientos
entre ejércitos regulares, sino de:
1)
masacres sistemáticas y planificadas para eliminar a
grandes grupos de población,
y 2)
el hambre y las enfermedades derivados de las huidas
masivas de refugiados aterrorizados.
No ha
habido una tragedia similar desde la II Guerra Mundial.
Es inaudito el silencio en torno a este conflicto. Como
también es inaudito el diferente tratamiento que durante
todos estos años han recibido los responsables de los
crímenes.
Mientras los responsables de algunas matanzas ocurridas
en 1994 contra ruandeses tutsis son juzgados y
sentenciados en tribunales especiales, otros actores de
esta tragedia, como el líder del Ejército Patriótico
Ruandés (FPR) y actual Presidente de Ruanda, Paul
Kagame, reciben la protección y el apoyo de grandes
potencias y empresas multinacionales, y se les presenta
como gobernantes modélicos y democráticos.
Un
ejemplo de esta paradoja se produce en 1998, cuando
Ruanda, Uganda y Burundi inician la invasión de Congo.
Los informes de Naciones Unidas revelan ataques
especialmente crueles con la población civil:
·
en
algunas regiones, el 75% de los niños menores de 2 años
había muerto;
·
el
33% de la población congoleña tenía necesidad perentoria
de alimentos.
El
objetivo de esta guerra era saquear los inmensos
recursos mineros del Congo (oro, diamantes, coltán,
casiterita, cobre, cobalto...)
Y a
pesar de reconocer la responsabilidad de Ruanda y
Uganda, la ONU dejó pasar ocho meses y permitió que el
grupo armado extremista tutsi siguiera masacrando a la
población civil congoleña, y a los refugiados ruandeses,
a un ritmo de cien mil personas al día.
“Estas muertes son el resultado directo de la ocupación
por Ruanda y Uganda”, decían los informes de la ONU, que
paradójicamente no ha movido un dedo, ni entonces ni
ahora, para que los responsables de estos países sean
juzgados por tribunales independientes.
Entre
los millones de personas asesinadas había 9 españoles,
cooperantes y misioneros que probablemente cayeron por
ser testigos incómodos de las masacres. En 2005 el
Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en
el África de los Grandes Lagos, presidido por Juan
Carrero Saralegui, interpuso en la Audiencia Nacional
española una querella criminal para aclarar todas estas
muertes. Entre las organizaciones que constituyen este
Forum está la Fundación S'Olivar, presidida
también por Juan Carrero.
Tras
tres años de investigaciones, el Juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Andreu Merelles, emite órdenes de
arresto internacionales contra 40 altos mandos del FPR.
Algunos miembros de la cúpula de poder en Ruanda
empiezan a encontrar dificultades cuando viajan a otros
países. Paul Kagame disfruta de inmunidad como
presidente.
Diferentes personas -especialmente ruandeses del
exilio-, empiezan a sufrir persecución, amenazas o
torturas a causa de este proceso judicial. Ahora la
propia ONU arremete contra la Fundación S'Olivar: un
Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha exigido a
algunos de los financiadores de la organización que
presenten toda la documentación sobre las subvenciones
que han concedido en los últimos años, para investigar
el presunto apoyo de ésta a un grupo armado.
Pero
las cuentas de la Fundación, que maneja apenas 50.000
euros al año, dedicados de forma casi exclusiva a
financiar las acciones legales derivadas de la querella,
y a organizar acciones de diálogo entre ruandeses, son
claras y transparentes.
Parece también transparente que se trata de una acción
encaminada a desprestigiar a la organización y ahogarla
económicamente. Para cuando la ONU termine sus
investigaciones y se descubra que eran infundadas las
acusaciones, el mal ya puede estar hecho.
La
Misión de Paz desplegada por la ONU en el Congo es
severamente cuestionada en estos días por organizaciones
internacionales como Pax Christi, War Child y Oxfam.
Pero
en lugar de poner orden en casa, Naciones Unidas decide
ponerse de parte de los asesinos, atacar a las
organizaciones que trabajan por la justicia y la
reconciliación. Naciones Unidas elige no defender a las
víctimas.
¿Por
qué un organismo internacional tan importante como
Naciones Unidas se permite atacar a una pequeña
organización mallorquina? ¿Quizá porque esta fundación,
con sus acciones legales en busca de la verdad, pone en
cuestión las verdades oficiales? ¿Quizá porque al
preocuparse por las vidas de millones de personas
insignificantes pone en evidencia los intereses de las
multinacionales que explotan, de forma manifiestamente
ilegal, las riquezas naturales del Congo?
Aunque sean pocos, aunque tengan pocos medios, Juan
Carrero y los miembros de S’Olivar saben que tienen
consigo la fuerza de la verdad. Una verdad que abre
rendijas en las versiones oficiales y que molesta a los
poderosos. Quizá gracias a esta pequeña organización
algún día veamos en el banquillo a los responsables y a
los beneficiarios de la peor guerra de la historia.
Federación de
Comités de Solidaridad con África Negra
http://www.umoya.org
La
situación de violencia y represión en el este del país
empeora a pesar del cese de hostilidades. El presidente
Kabila está respondiendo con mano dura a toda voz que se
levante en contra del gobierno. La inseguridad campa a
sus anchas y varios defensores de derechos humanos han
sido arrestados.
En un comunicado, Herederos de la Justicia denuncia la
situación de inseguridad en Bukavu, incluso en sitios
próximos a campos de militares del ejército.
Mientras, en Kivu Norte la situación de seguridad pública
es alarmante; continúan produciéndose ataques por grupos
armados no identificados y actos de pillaje.
El clima de ingobernabilidad es extremo en la provincia
oriental: tanto el sector salud como la administración
pública se ha declarado en huelga y la reapertura del
curso escolar difícilmente se está realizando.
Umoya
noviembre 09
