DE CÁRCELES Y DE HUMANIDAD
Tengo el convencimiento de que muchas de las situaciones
que vivimos sin cuestionar su validez, tienen una
intencionalidad. Hay intereses políticos y sociales,
quizás incluso económicos que las explican.
Pocos cuestionan el Código Penal y las políticas
penitenciarias que siguen justificando el endurecimiento
de las normas penales. Quizás detrás de ello, -lo que no
analizamos- está el clima creciente de “alarma social”
generado con una intencionalidad política. ¿A quiénes
les interesa que haya centros penitenciarios?
Las mismas palabras (centro penitenciario) indican un
lugar donde penar, donde pagar… Creemos encerrar el mal
cuando encerramos a quien lo cometió, y lo que
conseguimos es solo su represión y una mayor destrucción
de la persona.
Javier Pikaza habla en “Dios preso” del origen de
las instituciones penitenciarias que venía a evitar la
barbarie originaria, donde se mataba impunemente, donde
las torturas eran formas habituales (vergonzosamente la
Iglesia se convirtió en experta en este tema a manos de
la Inquisición).
Con la Revolución Francesa y el Humanismo se estableció
otra forma de razonamiento, superando posturas
contrarias al derecho humano, se codificaron leyes para
la defensa de la persona.
Sin embargo, el resultado ha sido, es, un refinamiento
institucionalizado de la venganza, una reclusión del
sospechoso, una forma legal, conforme a un código, de
castigo lento y largo, no la rehabilitación social del
penado.
De los linchamientos sociales hemos dado paso a crear en
la mente del colectivo social la necesidad de centros
penitenciarios que nos protejan de malhechores. A quien
hace el mal, es un deber social castigarles. No se habla
de sanción, sino de castigo y este ha de ser cuanto más
largo, mejor.
Le llamamos protección social y escarmiento para el
culpable. No hablamos de restaurar o rehabilitar
sino de castigar, de pagar, en el fondo, de venganza
social institucionalizada.
“La finalidad de la política penitenciaria es la
rehabilitación social del penado, no su incapacitación
perpetua mediante juicios mediáticos. Impartir justicia
no consiste en convertir a las víctimas del mal en
verdugos. El estatus de víctima tiene un límite: el que
establece el Estado de derecho dictando justicia, no
venganza.” (Ramón J. Moles)
No es normal que desde el año 2000, el número de
reclusos en España haya aumentado un 65%, de los cuales
el 22% están en prisión preventiva, es decir, sin que se
haya demostrado por un juicio su culpabilidad.
Estamos en la tasa europea más alta de presos y la más
baja de criminalidad.
Tenemos conocimiento de que un recluso cuesta al Estado
54,79€ al día, mientras que un tratamiento preventivo o
educativo costaría 3€ al día (según datos de R.J. Moles,
director de Centre de Recerca en Gorvernança de Risc de
la UAB).
¿Qué explica entonces que las cárceles españolas estén
saturadas, que los presos tengan que estar alejados de
sus familiares, condenados también en ello?
¡Qué difícil salirnos de las nomas políticas y sociales
que han establecido la brutalidad como respuesta ante el
mal! Cuando hablamos de estos temas casi es unánime el
desacuerdo y la aberración es pensar de otra manera.
El delito que se ha cometido en un momento de la vida,
borra todo el pasado y se lleva también por delante todo
el futuro, absolutizamos un hecho en esa historia. Y eso
nos parece normal y justo. Excluimos la posibilidad de
dar otra oportunidad.
Me sorprende que no caigamos en la cuenta de que frente
a estos hechos oscurecemos la razón, el valor, los
derechos y la dignidad que merece cualquier persona.
Retrocedemos en el nivel de humanidad.
Las cárceles representan la esquizofrenia social más
significativa de nuestra época: la institucionalización
de la venganza y la represión. No lo llamamos así,
claro. Lo llamamos, “aplicar la justicia”, cuando
sabemos que pocas veces llegamos a aplicar con
ecuanimidad la ley, que no la justicia.
Los delitos se juzgan y se castigan. Eso es lo más obvio
y a todos nos parece lo adecuado. Hay
quien establecería nuevamente la pena capital o la
sustituiría por cadena perpetua para perpetuar en ello
el dolor al delincuente.
La prevención y gestión del delito debería de ser lo
usual y la excepción, la privación de libertad. Y en
este caso, analizar en qué condiciones.
Matilde
Gastalver
