Mártires de una Iglesia perseguida
La
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APHE) y el Centro
de Justicia y Responsabilidad de San Francisco (CJA, EEUU)
presentaron el pasado 13 de noviembre una querella en la
Audiencia Nacional contra catorce militares del batallón
Atlacatl que participaron en el diseño de la operación de
ejecución de seis jesuitas y dos mujeres salvadoreñas hace
diecinueve años y contra el entonces presidente de El
Salvador, Alfredo Cristiani, por encubridor de tan horrendo
y calculado crimen.
La querella se acogía al principio de Justicia Universal por
crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca ni pueden
quedar impunes. La decisión de estimarla, hecha pública ayer
por la Audiencia Nacional, aunque rechaza inculpar al ex
presidente salvadoreño, supone un paso hacia la esperanza de
que aquellos hechos no quedarán impunes, tras los
juicios-farsa celebrados en el país centroamericano y tras
la ley de amnistía de 1993 que sacó el Gobierno de Alfredo
Cristiani poco antes de hacerse público el informe de la
Comisión de la Verdad y que no permitió la realización de
procesos judiciales por los casos de asesinatos y
violaciones de los derechos humanos perpetrados entre 1980 y
1992.
Aquel asesinato fue la crónica de una muerte anunciada.
¿Razón? El compromiso de las comunidades cristianas,
sacerdotes, religiosos y religiosas en favor de la justicia
y de la paz en un país sometido a la injusticia estructural
y a la violencia institucionalizada, ambas legitimadas
política y militarmente por los Estados Unidos.
Pronto empezarían la represión y el martirio. En la campaña
electoral de 1977 circularon pasquines con la siguiente
leyenda: ‘Haga patria, mate a un cura’. Ese mismo año fueron
asesinados en Aguilares el jesuita Rutilio Grandes y dos
campesinos que le acompañaban. ¿Delito? Trabajar por la
promoción y la concienciación de los campesinos frente a la
explotación salvaje a la que eran sometidos por los
terratenientes.
Era el comienzo de la persecución contra decenas de
sacerdotes, religiosos, religiosas, líderes de comunidades
cristianas, asesinados en la cruzada anticomunista para la
defensa de la civilización cristiana. Una cruzada que
buscaba el apoyo del Papa, quien recibió informes contra
Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, a quien se
acusaba de apoyar a la guerrilla.
«¡Cuidado con el comunismo, que está entrando en la Iglesia
católica!», dijo Juan Pablo II a Romero durante la visita
que hizo al Vaticano para informar de la persecución de que
era objeto la Iglesia católica en su país «¡Santidad, quien
persigue a la Iglesia en El Salvador no es el comunismo sino
los gobernantes cristianos!», le respondió Romero.
En otra visita el Papa le pidió: «Trate de estar de acuerdo
con el Gobierno». La reacción de Romero fue de desolación:
«El Papa no me ha entendido, no puede entender, porque El
Salvador no es Polonia».
El 24 de marzo de 1980 fue asesinado monseñor Romero
mientras celebraba la eucaristía en la capilla de un pequeño
hospital de la ciudad por orden del mayor Roberto d’
Abuisson, dirigente del partido ARENA, acusado de crímenes
de lesa humanidad e identificado por la Comisión de la
Verdad de las Naciones como uno de los líderes de los
Escuadrones de la Muerte.
El domingo anterior el arzobispo salvadoreño había pedido a
los militares que cesara la represión y que no dispararan
contra sus hermanos. Monseñor Romero se había convertido al
Dios de los pobres ante el cadáver de Rutilio Grande y era
la conciencia crítica y la voz profética que denunciaba la
represión llevada a cabo por el Ejército con el apoyo del
Gobierno presidido por el político demócrata-cristiano
Napoleón Duarte contra poblaciones enteras, que caían
inermes bajo el impacto de las balas militares
salvadoreño-estadounidenses.
En diciembre de 1980 fueron secuestradas, violadas y
asesinadas por miembros de la Guardia Nacional las
misioneras estadounidenses Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy
Kazel y Jean Donovan. ¿Reacción de Estados Unidos? Suspender
la ayuda militar al Gobierno militar para reanudarla un mes
después. La embajadora en Naciones Unidas acusó a sus
compatriotas de estar implicadas en actividades subversivas
contra el Ejecutivo salvadoreño.
Por esas mismas fechas la Universidad Centroamericana ‘José
Simeón Cañas’ (UCA), dirigida por los jesuitas, iniciaba una
nueva andadura bajo el signo de la opción por los pobres con
el objetivo de iluminar y transformar la sociedad desde una
pedagogía de la liberación.
«La Universidad –dijo Ignacio Ellacuría, rector de la UCA
cuando recibió el doctorado ‘honoris causa’ en la
Universidad de Santa Clara, California, en 1982– debe
encarnarse entre los pobres intelectualmente para ser
ciencia de los que no tienen ciencia, la voz ilustrada de
los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en
su misma realidad tienen la verdad y la razón, aunque sea a
veces a modo de despojo». En un mundo donde reinan la
falsedad, la injusticia y la represión, proseguía, una
universidad así «no puede menos de verse perseguida».
El acto de barbarie que conmocionó al mundo entero se
consumó la noche del 16 de noviembre de 1989 con la
ejecución de ocho personas de la Universidad Centroamericana
‘José Simeón Cañas’ (UCA). Seis eran jesuitas:
·
Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad, filósofo y
teólogo de la liberación;
·
Ignacio Martín-Baró, profesor de psicología social,
vicerrector de postgrado y director del Instituto de la
Opinión Pública;
·
Segundo Montes, estudioso de la situación social de los
desplazados salvadoreños en Centroamérica y EEUU y fundador
del Instituto de Derechos Humanos de la UCA;
·
Joaquín María López, fundador de la UCA y director de la
obra latinoamericana de promoción social ‘Fe y Alegría’;
·
Amando López, teólogo y formador de sacerdotes;
·
Juan Ramón Moreno, director de ejercicios espirituales de
San Ignacio y alfabetizador en Nicaragua.
Dos eran mujeres:
·
Elba Ramos, que trabajaba en la residencia de los
jesuitas, y
·
Celina, su hija de quince años.
Cinco de ellos eran españoles y tres salvadoreños, personas
pacíficas todas ellas que trabajaban por la reconciliación y
la justicia en su país.
Unos días antes, la UCA había sido objeto de un cuidadoso
registro. La tarde anterior a la matanza, una vecina había
oído decir a un soldado: «Esta noche vamos a matar a
Ellacuría y a todos esos hijos de puta que están ahí
dentro». La mujer no dio crédito a tales afirmaciones por
considerarlas bravuconadas soldadescas.
Durante al menos tres lustros, la Iglesia de los pobres en
El Salvador fue una Iglesia perseguida, y los líderes de
comunidades, sacerdotes, religiosos, religiosas asesinados
deben ser considerados mártires porque murieron por dar
testimonio de la fe cristiana a través de la lucha por la
justicia. Sin embargo, ni la jerarquía católica salvadoreña
ni el Vaticano los reconocen como tales.
Peor aún, los jesuitas asesinados fueron acusados por la
propia institución eclesiástica de haberse alejado de su
misión evangelizadora y de ser políticamente subversivos. La
jerarquía católica no ha dado un solo paso para su
rehabilitación. A esto cabe añadir que las actuaciones
judiciales que se han sucedido hasta ahora han fracasado y
que la Ley de Amnistía de 1993 fue en realidad una ley de
impunidad.
La decisión de la Audiencia Nacional da aliento a quienes,
con la presentación de la querella, pretenden reavivar la
memoria histórica, rehabilitar, reparar y hacer justicia a
ocho víctimas inocentes que no pueden caer en el olvido.
Juan José
Tamayo
Director de la cátedra de teología y ciencias de las
religiones ‘Ignacio Ellacuría’ de la Universidad Carlos III
Autor de ‘Para comprender la Teología de la Liberación’ (EVD,
Estella, 2008). En esta obra hace un estudio sobre la
personalidad y la obra filosófica y teológica de Ignacio
Ellacuría.
Publicado en Diario EL CORREO, 14 de enero de 2009
